Uruguay y las paradojas del sistema.

por Laura Blanco. 8 de octubre 2020

La ley de regulación del acceso al cannabis, resultado de los reclamos de la sociedad civil organizada desde el 2007, del reconocimiento en 2011 de parte de la Suprema Corte de Justicia de la incongruencia entre la no penalización del consumo de ninguna sustancia y la persecución a aquellos que accedían al cannabis mediante sus propios cultivos (obligando entonces a los usuarios a financiar al mercado ilegal y por ende al crimen organizado), de la voluntad política del poder legislativo y su comisión de adicciones que trabajó intensamente desde 2010 con la sociedad civil para redactar una ley que permitiera el autocultivo y los clubes de cannabis, redactando un proyecto de ley que tenía aprobación de representantes de los 4 partidos que componían las cámaras alta y baja; terminó el proceso con la Ley 19.172 en el Gobierno de José Mujica, quien ha sido y sigue siendo admirado mundialmente por su convicción y el valor de enfrentarse a la Jife (Junta internacional de fiscalización de estupefacientes) y a cualquier otra amenaza que surgiera.

En este sentido, Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de Drogas antes del proceso y luego representante uruguayo ante la ONU y la OMS, se merece todo el reconocimiento por su labor en defensa de nuestros derechos, el del país en general y el de los usuarios en particular.

El proceso de implementación ha sido y es aún carente de efectividad en muchos aspectos.

El sistema de dispensación de farmacias, provisto desde 2015 hasta la fecha por 2 empresas licenciatarias que pueden producir solo 2 toneladas al año (a la fecha de la promulgación de la ley se estimaba que la demanda era de 50 tons), no cumplieron con su cuota, dejando aún hoy a la demanda insatisfecha.

Los cultivadores domésticos han dejado de renovar su licencia, en vista de que no hay ningún beneficio al registrarse, agravado con que la información de la ubicación de su cultivo está a disposición de varios funcionarios públicos, entre ellos los de las oficinas del correo donde se realizan los trámites.

Los clubes de cannabis habilitados reciben sanciones del equipo de fiscalización que pueden terminar en multas de US$ 1500 (mil quinientos dólares y más), mientras que los cultivos no declarados no necesitan cumplir con ninguna norma ni son inspeccionados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis.

El IRCCA, creado por la ley 19172 sin un presupuesto propio asignado para funcionar, se financia únicamente con los ingresos por licencias concedidas y multas aplicadas, lo que hace en principio que su funcionamiento sea deficiente por falta de fondos y en última instancia cuestionable por su procedencia.

Con el cambio de gobierno, desde el 1º de marzo del 2020 la Coalición Multicolor, opositora al Frente Amplio, declaró que se mantendría el proceso regulatorio y se mejorarían los procedimientos en todo lo que fuera posible, pero presentó y votó una Ley de Urgente Consideración -LUC- con la que se aumentaron las penas por narcotráfico, y nos ha enfrentado a casos como el de la Señora que pretendió ingresar a una visita de cárceles 11 gramos de marihuana a su compañero detenido y fue sentenciada el día 8 de setiembre a 4 años de prisión, evidenciando fallas sobre la proporcionalidad de la pena y la magnitud del delito, no sin antes cuestionarnos porqué en la cárcel es permitido fumar tabaco, pero no cannabis.

Un decreto reglamentario promulgado recientemente permitió la exportación de cannabis medicinal que esperaba desde hacía 2 años una aprobación del Ministerio de Salud Pública, organismo que ha demostrado carecer de disposición para intervenir en las soluciones a la producción de pequeños y medianos productores de aceites y cremas, situación que también ha derivado algún procesamiento y la falta de control de la oferta de productos nacionales por la que el M.S.P. no muestra el menor interés.

El acceso a la semilla sigue sin regularse, y si bien los bancos de semillas promocionan libremente sus variedades en las redes sociales, aquellos que las distribuyen deben ingresarlas ilegalmente o producirlas sin licencia, y quienes las venden no las pueden facturar, lo que genera complicaciones con las declaraciones al fisco y ambigüedades con el equipo de fiscalización del I.R.C.CA.

Queda mucho por hacer, mucho por mejorar y mucho por festejar, porque más allá de las fallas que le encontramos al sistema, en Uruguay se planta, se fuma y se difunde la cultura cannábica con misma libertad con que supimos defenderla.